Ecuador
Ecuador tiene una de las leyes de drogas más severa y desequilibrada entre los países incluidos en el estudio "Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina" de 2010. La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Ecuador, actualmente vigente, conocida como Ley 108 , no fue desarrollada con base en la realidad del país, sino que fue resultado de presiones internacionales y del contexto político doméstico. Se trata de una legislación extremadamente punitiva, que produce sentencias desproporcionadas al delito, contradice garantías al debido proceso y viola los derechos constitucionales del acusado.
Desde su entrada en vigor en 1991, la Ley 108 sobre drogas ha resultado en un sin fin de sentencias desproporcionadas a los delitos cometidos y en violaciones a los derechos humanos y civiles. Su enfoque en la aplicación del orden público, y la existencia de presiones por parte de los Estados Unidos supuso que el éxito de las políticas ecuatorianas sobre drogas se midiera por el número de personas en prisión acusadas por delitos de drogas. Ello resultó en un considerable hacinamiento de las prisiones y el deterioro de las condiciones carcelarias.
Una nueva Constitución aprobada por referendo en septiembre de 2008 establece sobre los usuarios de drogas que "en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales". Esto ha abierto la puerta para una reforma a la ley de drogas. Aunque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está en el proceso de desarrollar una propuesta de reforma – tras reconocer las injusticias que ésta ha causado – éste marcha lentamente y no se sabe si va a continuar. Entonces, dicha ley todavía está vigente.
La Ley 108 no hace distinción entre ofensores de menor escala (primerizos o micro-comerciantes) y traficantes de gran envergadura. Potencialmente, una persona que porta unos pocos gramos de marihuana puede acabar cumpliendo una sentencia de 12 años, igual que una persona acusada de transportar un monto mucho mayor de cocaína. La Ley incluye varias categorías bajo las cuales una persona puede ser acusada (como tenencia, transporte o tráfico). Muchas veces un acusado está sentenciado bajo más de una de las categorías, lo cual es inconstitucional. Por eso, potencialmente, un acusado puede recibir una pena de 25 años, mayor a cualquier otro delito bajo la ley ecuatoriana (la sentencia máxima por homicidio es de 16 años).
En 2008, la Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó una amnistía para las 'mulas' de drogas que transportaran menos de 2 kilos y que hubieran pasado más de un año en la cárcel.